Incrementar la claridad en los procesos previos a la contratación, garantizando que todas las evaluaciones y comparaciones de propuestas sean registradas y accesibles al público. Implementar sistemas de control más estrictos para la publicación de informes de seguimiento y cierre de contratos. Optimizar la administración de los recursos, asegurando que los contratos se otorguen al mejor precio posible bajo condiciones equitativas. Reducir al mínimo la contratación directa y promover la licitación pública para fortalecer la transparencia, la confianza y la eficiencia en las adquisiciones gubernamentales.